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Reporte sobre informe final EPU y recomendaciones aceptadas por el Estado.

Fecha: Septiembre, 2017

El EPU consiste en una evaluación de pares entre Estados, que apunta a señalar las fortalezas y debilidades en el marco del cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, en particular, aquellas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros instrumentos internacionales vinculantes originarios del Sistema de Naciones Unidas. 

En este contexto, desde octubre de 2016, el Observatorio de Derechos y Justicia (en adelante, “ODJ”), formó parte de una delegación de representantes de la sociedad civil, que presentaron informes en varios temas referentes a derechos humanos. En particular, ODJ trabajó en temas relativos a la tutela judicial efectiva y la independencia judicial.

El 21 de septiembre de 2017, el Ecuador presentó su respuesta a las recomendaciones emitidas por los Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal.

Si bien Ecuador ha aceptado 12 recomendaciones en materia de justicia, vemos con preocupación que las mismas se refieren a temas generales, a los que el Ecuador ya se ha comprometido en el marco de la sola ratificación del PIDCPs, y no representan compromisos puntuales de reforma, mejora o cambio de los problemas específicos que actualmente ponen en peligro la existencia de una Justicia verdaderamente independiente e imparcial en Ecuador.

En este mismo sentido, vemos con preocupación que las seis recomendaciones en materia de independencia judicial que el Estado rechazó, son precisamente aquellas que proponen reformas puntuales a las cuestiones que más han afectado la independencia de los jueces y la posibilidad de realizar su trabajo libre de injerencias. En particular, la negativa del Estado de implementar recomendaciones relacionadas a la modificación o supresión de la figura del “error inexcusable”, consagrada en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, evidencian la falta de voluntad del gobierno de asegurar que sus operadores judiciales trabajen sin el temor recurrente de ser sancionados o procesados bajo una figura que, por su redacción vaga y ambigua, se ha transformado en un instrumento de persecución, castigo y hostigamiento en varios casos donde operadores judiciales han fallado en contra a los intereses el Estado o de personas afines al gobierno.

La necesidad de que el gobierno modifique o elimine la figura del “error inexcusable”, se vuelve más necesaria ahora, a la luz de las decenas de denuncias de jueces presuntamente destituidos bajo dicha figura, de manera arbitraria, en violación de las garantías mínimas del debido proceso, o como retaliación a la adopción de decisiones contrarias a los intereses del gobierno o sus allegados. Un Estado comprometido a garantizar un sistema de justicia libre de injerencias e intromisiones por parte del Ejecutivo, debería, como mínimo, comprometerse a revisar esta norma, con miras a un rediseño o mejora que disminuya, en la medida de lo posible, la discrecionalidad con la que ha venido aplicándose.

A continuación, el estado de las recomendaciones aceptadas o no por el Estado Ecuatoriano, en materia de acceso a la justicia e independencia de la función judicial. 

Las recomendaciones que el Estado de Ecuador deja en observación, en materia de independencia judicial son:

2017-10-10T22:09:09+00:00