Loading...

El presidente Moreno ha reemplazado el decreto 16 y 739 con el 193.  Aquí nuestro análisis.

Fecha: Octubre 2017

El día 23 de octubre de 2017, el Presidente Lenin Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 193, que reemplazó los Decretos Ejecutivos No. 16 de 4 de junio de 2013, y Decreto Ejecutivo 739 de 21 de agosto de 2015, (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas).

 

En los reglamentos derogados, se establecieron requisitos de registro y funcionamiento a las organizaciones sin fines de lucro, de diversa naturaleza jurídica. Como es de conocimiento público, estas normas fueron seriamente cuestionadas a nivel internacional, por contener restricciones desproporcionales al ejercicio del derecho a la libre asociación, que resultan incompatibles con los principios y objetivos de una sociedad democrática.

 

Si bien el Decreto 193 supera en parte ciertos aspectos problemáticos de los otros decretos que deroga, resulta preocupante que se conserve el espíritu de excesiva regulación y control a la existencia y el trabajo de la sociedad civil, y que se hayan conservado causales de disolución cuya ambigüedad provocó en años pasados, cierres y disoluciones arbitrarias a algunas organizaciones de la sociedad civil, en muchos casos críticas al gobierno de ese entonces.

 

En particular, ODJ mira positivamente que el Decreto 193 parece eliminar el Sistema Unificado de Información sobre las Organizaciones Sociales (SUIOS); asimismo, se elimina la imposición  de que las fundaciones cuenten con una junta directiva, y exime a las organizaciones indígenas, afrodescendientes y montubias de acreditación de patrimonio, como un requisito de registro.

 

En cuanto a los derechos y obligaciones de las OSCs y del Estado, es positivo que se elimine el deber de conservar “toda” la información relevante para el funcionamiento de la organización, y que se haya eliminado la facultad estatal de modificar los estatutos de las organizaciones previa su aprobación. En igual sentido, vemos que se han flexibilizado ciertas disposiciones, como la de notificar anualmente de los cambios en las directivas y ya no cada vez que tales cambios se den.

 

Finalmente, es notable la eliminación de tres causales de disolución, en particular aquella que amenazaba con cierre a las OSCs que “amenacen contra la seguridad interna o externa del Estado”, al ser ésta una norma excesivamente vaga, y susceptible de aplicación discrecional.

 

Sin perjuicio de lo anterior, vemos con suma preocupación que el presidente Moreno insista en regular el ejercicio de un derecho humano y constitucional, como el de libre asociación, a través de un Decreto Ejecutivo. Esto contraría los principios de reserva de ley, y de legalidad, consagrados tanto en la Constitución como en varios instrumentos internacionales de los que el Ecuador es parte. En este sentido, el Decreto 193 es, al igual que los dos anteriores, inconstitucional por la forma. Lo único posible, para la determinación del alcance y límites del derecho a la libre asociación, es la creación de una norma de rango legal, donde la sociedad ecuatoriana tenga la posibilidad de participar activamente en su creación, discusión y eventual aprobación.  Creemos que cualquier imposición de límites al ejercicio de un derecho humano vía Decreto Ejecutivo, es incompatible con los principios básicos de un Estado democrático, y de  derechos y justicia como el nuestro.

 

Vemos con preocupación además, que el Decreto 193 conserva aún causales de disolución vagas y ambiguas. En particular, los numerales 1 y 4 del artículo 19, establecen que una OSC podrá ser disuelta cuando “se aparte del fin para el cual fue creado” y cuando “incurra en actividades de política partidista”.  La redacción vaga de ambas disposiciones podría dejar una puerta abierta a una posible aplicación discrecional, arbitraria, y hasta con fines persecutorios por parte del autoridad, como sucedió en la aplicación de los dos decretos que le precedieron.

 

En este sentido, creemos que cualquier disposición que se adopte en este sentido, debe superar el espíritu hiper-regulador de los Decretos 16 y 739, y ser un instrumento que potencie, fomente y fortalezca el trabajo de la sociedad civil en Ecuador, atendiendo en particular, al importante rol que las OSCs tienen para velar por la vigencia de las instituciones democráticas, la protección y promoción de derechos humanos, la asistencia humanitaria a sectores especialmente vulnerables,  y la fiscalización a las gestiones del poder público.

2017-10-26T18:44:14+00:00