Carta abierta a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos

Quito, 3 de enero de 2018.

Señor Doctor

Luis Leonardo Almagro

Secretario General

Organización de los Estados Americano

Washington, DC.

Señor Secretario General,

El Observatorio de Derechos y Justicia es una organización de la sociedad civil ecuatoriana que desde 2014 ha venido trabajando en la promoción y protección del derecho al debido proceso, independencia judicial y derechos humanos en Ecuador. Como organización integrante de la Plataforma de Derechos Humanos y Democracia del Ecuador, tenemos el honor de dirigirnos a Su Excelencia para manifestarle nuestra profunda preocupación por el contenido de una denuncia presentada ante la Organización de los Estados Americanos por el ex Presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado, con respecto a un presunto quiebre de la institucionalidad democrática en el Ecuador,  por la emisión de los Decretos Ejecutivos No. 290 y 230, mediante los cuales el presidente Lenin Moreno dio paso a la realización de una consulta popular, ante el hecho de que la Corte Constitucional no se pronunció dentro de los plazos establecidos por la Ley.

Al respecto, nos permitimos expresarle nuestro rechazo al contenido de esa carta, que lejos de ser una denuncia, parece ser un intento desesperado del ex mandatario por desviar la atención internacional y local de las graves denuncias sobre actos de corrupción en su gobierno, que desde hace meses son ampliamente conocidos a todo nivel. Sobre el contenido de dicha carta, quienes suscriben nos permitimos indicar lo siguiente:

  1. La emisión de los Decretos Ejecutivos No. 229 y 230 es consonante con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El economista Correa indica en su carta, que mediante la emisión de los Decretos Ejecutivos No. 229 y 230 el presidente Lenin Moreno incurrió en una inconstitucionalidad, y en una violación al principio de legalidad, afectado además, el derecho a la seguridad jurídica en el país. Aquello no es cierto.  En concreto, alegan que el procedimiento vulnerado es aquel contenido en el artículo 9 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, que en lo pertinente señala:

“Art. 9.- Plazos y Términos. – Los plazos y términos a los que se refiere la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se aplicarán a la fase de impulsión judicial que se inicia a partir del día siguiente a que el expediente se encuentre listo para la decisión de las distintas Salas de Admisión, Selección y Revisión, al despacho de la jueza o juez sustanciador o al despacho del Pleno de la Corte. No se computarán dentro del cálculo de plazos y términos el tiempo durante el cual el expediente no se encuentre al despacho del juez, de las salas de admisión, selección y revisión o del Pleno de la Corte Constitucional para su conocimiento. Los plazos y/o términos deberán comenzar a contarse a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la providencia o auto de avoco de la causa por parte del juez o de las distintas Salas, y desde que el expediente haya sido incluido para conocimiento del Pleno del Organismo en el Orden del Día”.

Al respecto, cabe destacar que el principio de legalidad, garantizado en la Constitución del Ecuador y por los principios generales del Derecho, impediría que se aplique la norma procesal del Reglamento de Sustanciación, si entrara en conflicto con lo indicado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este caso, los plazos están establecidos en la LOGJCC, y por tanto, ninguna norma inferior- como un Reglamento- podría sobreponérsele, aun cuando ésta última hubiera sido emitida con posterioridad.  Al respecto del principio de legalidad, la Constitución del Ecuador dispone:

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”.

Al  este respecto,  la LOGJCC, establece en el artículo  4.11 (b), que como principio de actuación del juez constitucional,  se debe “(…)limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias”, y esa norma no menciona nada con respecto a la posibilidad del tribunal de suspender los plazos establecidos en la misma para cumplir con sus funciones de control constitucional.

Ese mismo cuerpo legal, dispone, en el artículo 97, que  para el control constitucional de las convocatorias a referendo los plazos se reducen, y en el segundo párrafo del numeral cuarto del artículo 105, relativo al control constitucional del cuestionario en el caso de consultas populares, claramente se indica que “(…)si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan”.

Esta norma ha sido respaldada jurisprudencialmente por la propia Corte Constitucional, que en oportunidades anteriores, ha indicado que  ese control previo“(…)se ejercerá en los mismos términos y condiciones que los previstos en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del Título III de la LOGJCC” y que el mismo incluye “(…) la determinación del procedimiento requiere un análisis del contenido de las preguntas, como también de la respectiva convocatoria, el Pleno de esta Corte, en aplicación del artículo 127 de la LOGJCC, realizará el control tanto del procedimiento como del oficio de convocatoria remitido por el Presidente de la República, y de las preguntas de la Consulta Popular propuestas”[1].

En esa misma sentencia, la Corte Constitucional establece la norma aplicable al establecimiento de plazos para la emisión del dictamen de constitucionalidad tanto de la convocatoria a consulta como de las preguntas planteadas, indicando, inter alia que:

“(…) El término para resolver las cuestiones debatidas en el presente Dictamen se sujeta a lo dispuesto en el artículo 105, inciso final de la LOGJCC, contado desde la recepción del expediente por parte de la Jueza Constitucional Sustanciadora, es decir, a partir del 24 de enero del 2011, término que vence el día 21 de febrero del año en curso”[2].

La obligatoriedad de observar las reglas de tramitación y plazos del artículo 105 de la LOGJCC, ha sido reiterada en otros procesos similares de control previo, como el de la consulta popular de 17 de febrero de 2017 (relativa a los “paraísos fiscales”)[3].

El propio Economista Rafael Correa, cuando aún fungía de Presidente de la República, se amparó en el artículo 105 de la LOGJCC para dar paso a una consulta popular ante el incumplimiento de la Corte Constitucional con el plazo establecido en esa norma. Al respecto, en el Decreto Ejecutivo No. 946 de 28 de noviembre de 2011, Correa indicó, inter alia:

“(…) ha transcurrido el plazo establecido en el último inciso del artículo 105 de la LOGJCC,  aplicable por mandato del artículo 127 de la misma Ley, sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la convocatoria a consulta popular [y que] conforme al mismo artículo 105 supradicho, a falta de una respuesta por parte de la Corte Constitucional, se entenderá que el dictamen ha sido favorable”[4].

En igual sentido, el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia en el gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, indicó al respecto de la consulta de febrero de 2017, que “la Corte Constitucional tiene 20 días hábiles para calificar la constitucionalidad de la pregunta, y notificarlo al CNE”[5]. Al respecto, el diario oficial “El Ciudadano”, indicó que “(…) según la Constitución y la ley, la Corte

Constitucional tiene un plazo de 20 días hábiles para determinar la viabilidad de la pregunta, es decir, validar que esta no sea inductiva ni engañosa. Cumplido ese tiempo se notificará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga la respectiva convocatoria a consulta”[6].

En conclusión, se demuestra que, además de que el principio de legalidad exige que las disposiciones contenidas en normas con rango legal prevalezcan sobre aquellas establecidas en reglamentos o normas de carácter inferior, la práctica reiterada y aceptada a nivel nacional en los últimos procesos constitucionales indica de manera inequívoca, que el plazo del cual dispone la CC para emitir su dictamen sobre la constitucionalidad de las preguntas de una consulta popular es de 20 días a partir de la presentación de las mismas.  Así, la emisión de los Decretos mediante los cuales el presidente Moreno da paso a la consulta, no solo no son inconstitucionales, sino consecuentes con las leyes del Ecuador, y  con la práctica reciente en procesos de igual naturaleza. No es posible, por tanto, alegar un supuesto quiebre democrático que amerite la activación de la Carta Democrática Interamericana.

  1. La postura del ex presidente Correa es incoherente con sus criterios y acciones con respecto a la Organización de los Estados Americanos en los diez últimos años.

Consideramos oportuno recordarle a su Excelencia, que fue precisamente el gobierno del ex presidente Correa, el que a través de gestiones diplomáticas y cabildeo, debilitó de manera irreversible la capacidad de la Organización de los Estado Americanos de cumplir con su rol de supervisor y garante de la democracia y los derechos humanos en las Américas. En este sentido, fue particularmente grave que a través de aquel mal llamado proceso de “fortalecimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos” ese gobierno haya intentado impedir que la Comisión Interamericana cumpliera con su rol de protección de derechos humanos mediante la emisión de  medidas cautelares[7], e incluso haya intentado reducir el ámbito de acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión[8], por la sola razón de que en ese momento la postura de esa oficina le era incómoda para su agenda política, que incluía, entre otras cosas,  la persecución a la prensa y las organizaciones de la sociedad civil críticas con su gobierno.

En general, el gobierno de Correa se caracterizó por minimizar el importante rol de la OEA para la vigencia de la democracia en el Hemisferio, y  trató de fortalecer y crear otros espacios a nivel regional para evadir las obligaciones que supone ser parte de la Organización, y haber suscrito la Carta de la OEA, la CADH, y otros instrumentos similares. Así, por ejemplo, ha sostenido que la OEA es anacrónica, y ha tratado de evitar la jurisdicción contenciosa y consultiva de la CorteIDH mediante la propuesta de creación de un tribunal del mismo corte en otros espacios[9].  Incluso de su gestión como Secretario Ejecutivo ha hablado con desprecio, cuando trató usted de activar el mecanismo de la Carta Democrática en Venezuela por la sola razón de que aquello era inconveniente para la línea ideológica y política de Ecuador y Venezuela. Es  un hecho notorio y público que  el antagonismo del régimen correísta con la OEA y en particular, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido criticado por varias organizaciones locales e internacionales.

Sorprende, por tanto, que precisamente ahora, cuando la maquinaria procesal y legal en Ecuador  se ha activado para investigar – y posiblemente sancionar-  los numerosos actos de corrupción cometidos por funcionarios de su gobierno, el ex mandatario acuda a la OEA, organismo que durante diez años despreció y saboteó, bajo un mal fundamentado alegado de quiebre constitucional.

Creemos que es necesario que su Excelencia tenga los elementos de juicio suficientes para construirse una opinión informada, considerando en especial que la denuncia en sí misma es maliciosa y temeraria, pues busca aprovecharse de un mecanismo internacional de vigilancia del orden democrático en la región para proteger los intereses de un grupo político que durante una década cometió varios atropellos a los principios democráticos de la OEA que hoy pretenden invocar a su favor. En este sentido, le rogamos a su Excelencia que descarte los alegatos presentados en días pasados por los señores Correa y Mena, y extienda las gestiones de la Organización de los Estados Americanos para garantizar de manera efectiva, la tutela y fortalecimiento de los principios democráticos de la participación política, legalidad y debido proceso, que no pueden ser sacrificados por la agenda política de unos pocos.

Le agradecemos su atención a la presente, y aprovechamos esta oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de más alta consideración y estima.

Atentamente,

María Dolores Miño

Directora Ejecutiva

Observatorio de Derechos y Justicia

Referencias 

[1] Corte Constitucional del Ecuador. Resolución de la Corte Constitucional No. 1 de 15 de febrero de 2011. CASO No. 0001-11-RC. Publicado en Registro Oficial Suplemento 391 de 23 de febrero de 2011. Recuperado de:

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/02/811734.pdf.

[2] Ibid.

[3] Corte Constitucional del Ecuador. Dictamen No. 003-16-DCP-CC. Caso 001-16-CP de 15 de noviembre de 2016. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/00316DCPCC.pdf.

[4] Decreto                 Ejecutivo                 No.          946          de            28            de            noviembre              de            2011.                 Recuperado            de: https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/11/decreto_26669_la_concordia.pdf.

[5] Diario El Comercio recogió las declaraciones del secretario jurídico del entonces presidente Correa en el artículo “La Corte tiene 20 días para decidir sobre la consulta de paraísos fiscales planteada por el Ejecutivo”. Publicado el 14 de julio de 2016. Recuperado de::http://www.elcomercio.com/actualidad/corteconsultaoffshoreparaisosfiscaleselecciones.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com. En esa oportunidad, ese criterio de amplia y públicamente replicado por varios medios de comunicación, sin que se haya hecho referencia al Reglamento que ahora el mismo Correa invoca. Ver, además. Radiocre. “Correa entregó a Corte Constitucional pregunta sobre cargos públicos y paraísos fiscales”. Publicado el 14 de julio de 2016. Recuperado de:

https://www.radiocre.com/noticias/2016/07/14/141407/correaentregocorteconstitucionalpreguntaconsultacargospublicosparaisosfiscales/ei; El Telégrafo. “La CC recibió pedidos de consulta sobre funcionarios públicos y paraísos fiscales”. Publicado el 14 de julio 2016. Recuperado de:

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/meraentregoalaccpedidodeconsultapopularsobrepactoetico.

[6] El Ciudadano. “Corte Constitucional recibió pregunta para consulta popular sobre candidatos y paraísos fiscales”. Publicado el 14 de julio de 2016. Recuperado de: http://www.elciudadano.gob.ec/corteconstitucionalrecibiopreguntaparaconsultapopularsobrecandidatosyparaisosfiscales/.

[7] Ver, entre otros:  El Universo. “Correa no quiere que la CIDH dicte medidas cautelares”. Publicado el 10 de marzo de 2013. Recuperado de https://www.eluniverso.com/2013/03/10/1/1355/rafaelquierecidhmedidascautelares.html; Ecuador en Vivo: “Correa: la CIDH no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares”. Publicado el 25 de marzo de 2014. Recuperado de: http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83videos/12813correalacidhnotieneatribucionesparadictarmedidascautelares.html#.Wjny2FWWbX4; Diario Expreso. “Rafael Correa critica a la CIDH en vísperas de reunión sobre su reforma”. Publicado el 4 de marzo de 2013. Recuperado de: http://www.expreso.ec/actualidad/rafaelcorreacriticaacidhenvisperasderLEGR_4196299; La Hora. “Correa critica a la CIDH”. Publicado el 5 de marzo de 2013. Disponible en: https://lahora.com.ec/noticia/1101473863/correacriticaalacidh; El Ciudadano. “Ecuador ratifica que la CIDH carece de facultad para dictar medidas cautelares”. Publicado el 24 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.elciudadano.gob.ec/ecuadorratificaquelacidhcarecedefacultadparadictarmedidascautelaresdocumentos/; Ecuador Inmediato. “Alexis Mera: La CIDH no tiene competencia para emitir medidas cautelares ni pedir plazos”. Publicado el 9 de agosto de 2014. Recuperado de: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818767717.

[8] Ver, en este sentido: El Ciudadano. “Ecuador defiende su soberanía ante informe sesgado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”. Publicado el 20 de abril de 2013. Recuperado de: http://www.elciudadano.gob.ec/ecuadordefiendesusoberaniaanteinformesesgadodelarelatoriaespecialdelalibertaddeexpresion/;

[9] https://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/31/nota/4502526/rafael-correa-propone-crear-cortelatinoamericana-derechos-humanos.

2018-01-05T16:52:57+00:00