Denuncia contra Gustavo Jalkh ante el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

El Consejo de Administración de la Legislatura decidió aprobar el día 7 de mayo, con cuatro votos a favor y dos abstenciones, el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, presentado por los asambleístas Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello. El pedido de juicio político fue planteado por el supuesto incumplimiento de funciones del presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales, así como una “injerencia directa en la independencia del sistema judicial, esto durante el gobierno del expresidente Rafael Correa”[1].

Además, se adjuntó al pedido 60 firmas de respaldo y alrededor de 40 pruebas a las definieron como contundentes para sustentar su pedido, tales como un  informe de Contraloría en donde se determinó que hubo irregularidades en los concursos públicos de oposición y méritos para el nombramiento de fiscales y jueces, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2015[2]; el “acto urgente” emitido por la Unidad de Investigaciones Previas de la Fiscalía en contra de Jalkh para investigaciones por tráfico de influencias, a raíz de la divulgación de supuestos correos del funcionario y Correa; y, una serie de expedientes en los que aparentemente constan procesos de destituciones arbitrarias a jueces bajo la figura del error inexcusable.

Durante los siguientes días, el pedido deberá ser trasladado a la Comisión de Fiscalización del Legislativo, para que lleven a cabo el respectivo proceso de notificación a las partes interesadas y que estas, a su vez, presenten las pruebas de cargo y de descargo respecto a la acusación. En base a la información que recaben, la Comisión de Fiscalización emitirá un informe que archive el proceso o recomiende que sea tratado en el Pleno de la Asamblea, donde, de ser el caso, se procederá con el enjuiciamiento político, según lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador.

En octubre del 2017 también se le había realizado al CAL un pedido para someter a Jalkh a juicio político, tras las acusaciones de haber permitido la intromisión del Poder Ejecutivo en las competencias del Poder Judicial[3], pero esta petición fue rechazada por falta de pruebas.

2018-05-08T16:13:56+00:00